Lo que está pasando en Uruguay con el agua es un escándalo. Sin paliativos. En este momento, la concentración de sodio en el agua corriente es de 440 mg por litro. Y quieren aumentarla hasta 900 mg/L.
Es decir: que cada litro de agua del grifo contenga 2,25 g de sal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no consumir más de 5 g diarios de sal. La población mundial consume casi el doble de ese máximo, sobre todo, a través de alimentos procesados. Pero el agua no entra en ese cálculo. Mucho menos un agua TAN salada como la que se pretende suministrar a la población en Uruguay.
Por entendernos: si dan ese paso, bastará beber 2 litros de agua del grifo para rozar el máximo recomendado de un mineral que, en esos niveles y de manera continuada, es precursor de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, y de complicaciones renales.
Y eso sin comer.
El problema viene bien detallado en este artículo. Tiene varias aristas que me provocan indignación. Pero hay una que, directamente, me parece espeluznante. Inadmisible.
Son las declaraciones del ministro interino de Salud Pública, José Luis Satdjian. Según él, «la OMS da una recomendación, como también sugiere no consumir alcohol o no fumar, pero eso no significa que está prohibido en los países».
::: Pausa para decantar la frase :::
Esto dice un ministro.
Esto lo dice UN MINISTRO DE SALUD.
La OMS da recomendaciones y los países no prohíben por ello. Cierto. Pero tampoco suministran alcohol o nicotina de manera unilateral y generalizada a su población, que es lo que está pasando con el agua, José Luis.
Lo que sí hacen los Estados es regular conforme a unos estándares de salud y de calidad:
- A partir de 200 mg de sodio/L se recomienda la valoración del potencial corrosivo del agua.
- A partir de 600 mg/L no se considera apta para consumo humano.
Por si ayuda, aquí comparto un Real Decreto bien reciente (de este año) publicado en España por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
Es vergonzoso que se pretenda restar importancia a un problema tan grave de salud pública que toma de rehén al grueso de la población. Sobre todo, a la que no tiene recursos para beber a diario agua embotellada (gravada con un 22 % de IVA).
Y esto, en un país que reconoce en su Constitución el derecho de su población a acceder al agua potable por encima de cualquier circunstancia económica.
Laura Caorsi 
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