En España, un 40 % de los menores presentan exceso de peso, un problema de salud pública con múltiples causas y aristas. El papel de la administración pública es crucial. La subida del IVA a las bebidas azucaradas y la implantación voluntaria del etiquetado Nutri-Score son las dos medidas más mediáticas que el Ministerio de Consumo ha puesto en marcha para intentar frenar uno de los problemas que más preocupan: la obesidad infantil. Se trata de dos decisiones polémicas y que solas no pueden hacer frente a un fenómeno complejo. El ministro Alberto Garzón defiende que la sola existencia de la cartera que ocupa ya envía un mensaje en la buena dirección para tratar de contrarrestar la ventaja que otros países europeos le llevan a España hacia la concienciación sobre una vida y alimentación saludable o en una regulación publicitaria más estricta.
¿Cuáles son los datos del informe Aladino 2019 sobre obesidad infantil que más le preocupan?
Es un trabajo tan extenso que existen múltiples perspectivas para abordarlo, pero a nosotros nos han parecido siempre especialmente dramáticos los niveles de obesidad infantil. Aunque hay una cierta estabilidad a lo largo de los años, no dejan de ser enormemente preocupantes. Estamos hablando de que cuatro de cada diez menores de entre 6 y 9 años tienen algún tipo de exceso de peso. Además, existen muchos matices, y uno de ellos es lo que llamamos la “correlación de clase”, que indica que la tasa de obesidad infantil es el doble entre las familias con unas rentas más humildes que en aquellas con rentas más altas. Y eso nos habla de desigualdad, de pobreza, de malos hábitos vinculados a la renta. Es una fotografía problemática que afecta al sector más vulnerable de nuestra sociedad: los menores.
¿Qué se puede hacer para paliar esa brecha, para llegar a las familias vulnerables y centrarse en ellas?
Hablamos de un fenómeno socioeconómico, no solo de hábitos. En primer lugar, tenemos que combatir la pobreza y hacer que el Estado social funcione; mejorar la vida del conjunto de la población, pero especialmente de aquellos más vulnerables. Eso va a ayudar a que sea más fácil cambiar los patrones de consumo y de ejercicio físico. Nosotros vamos a promoverlo desde múltiples ámbitos. Desde el de la regulación, por supuesto: lo relativo a la fiscalidad, la sensibilización, la publicidad infantil, la información en el etiquetado…
Estamos ante diferentes líneas de trabajo que atraviesan el mismo problema y deben ir parejas a reformas estructurales. La pobreza no se resume con medidas meramente regulatorias, lo que requiere nuestro país es cambiar las estructuras, porque en los últimos 10 años hemos vivido dos crisis económicas y estas siempre afectan más a los más pobres. Y todavía no tenemos datos de cómo ha influido la pandemia a estos estratos. De hecho, parece que la pandemia y los confinamientos jugarán en contra de la obesidad y de la desigualdad.
¿Tienen prevista alguna acción o política especial en este sentido?
La pandemia, probablemente, traerá un retroceso muy importante porque los patrones de consumo van vinculados a la vida cotidiana. Un confinamiento en el que se ha retenido en casa durante tanto tiempo a la totalidad de la población, y muy particularmente a los pequeños, y que ha alterado tanto las condiciones de vida, acarrea un perjuicio muy grande. A eso se suma el impacto económico sobre las familias más vulnerables, que…
Entrevista realizada junto a Irene Crespo y publicada en Consumer.
Laura Caorsi 
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